Diplomaturas de Pregrado

Las desigualdades y discriminación basadas en el género y la orientación sexual, así como las violencias machistas, han sido puestas en agenda como problemáticas sociales prioritarias a ser abordadas por las distintas instituciones públicas. No sólo porque resultan alarmantes las tasas de femicidios y travesticidios en nuestro país (268 víctimas en 2019 según el Registro Nacional de Femicidios), sino también por la intensificación de las múltiples formas de violencia por motivos de género que dan cuenta del carácter estructural de las mismas, como de las asimetrías de poder que reproducen; además, su articulación con otras desigualdades sociales se expresa, por ejemplo, en la feminización de la pobreza: el 10% de la población más pobre de Argentina, 7 de cada 10 son mujeres. Este fenómeno se articula con otras inequidades como la injusta distribución de las tareas y trabajos de cuidado entre los géneros, tanto en las unidades domésticas como a nivel comunitario
Las desigualdades de género en los indicadores del mercado de trabajo demuestran el impacto de la sobrecarga de esas tareas: en la tasa de actividad es uno de los indicadores que permite observar el impacto de las desigualdades ocasionadas por los trabajos domésticos y de cuidados. El valor que produce el Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado en Argentina representa un 15,9% del PBI, constituyéndose en el sector más importante de la economía. El 75,7% de las tareas son realizadas por mujeres -es decir, más de las tres cuartas partes y, de este modo, dedican diariamente 96 millones de horas de trabajo no remuneradas a las tareas del hogar y los cuidados (Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, 2020). La brecha entre varones y mujeres en relación al tiempo dedicado al trabajo doméstico aumenta según la cantidad de hijos, nivel socioeconómico y región del país. Asimismo, la sobrecarga de trabajos en las familias y el contexto de aislamiento ha aumentado los riesgos y la exposición a la violencia contra las mujeres y niñas (ONU Mujeres, 2020).
Esta oferta formativa parte del reconocimiento de que son las mujeres y feminidades quienes impulsan diversas prácticas desde los territorios para abordar estas problemáticas que emergen continuamente. Son quienes, a su vez, cumplen un rol fundamental a la hora de promover el acceso a derechos, siendo reiteradas veces un puente con los dispositivos que ofrece el estado, llevando adelante acciones para prevenir y actuar ante situaciones de violencia sexista, e impulsando transformaciones culturales. El contexto extraordinario de emergencia sanitaria y aislamiento social, ha agudizado las carencias en los barrios populares, al mismo que tiempo que ha evidenciado, una vez más, la importancia estratégica de las mujeres y feminidades en la construcción de redes de contención, sostén, cuidados y organización comunitaria y popular.

De las condiciones necesarias para lograr el acceso en tanto derecho humano básico, la calidad e inocuidad de los alimentos presentan uno de los desafíos que más efectivamente puede lograrse si se dispone de una decidida articulación entre el sector público y el ámbito técnico. Al respecto, nuestra sociedad cuenta con los medios para abordar satisfactoriamente estos factores, aunque todavía queda una extensa labor educativa y de formación de recursos humanos pendiente.
En este sentido, se trata de una propuesta interdisciplinaria que aportará a la formación del personal de servicio o profesionalizado -que se desempeñe en ámbitos que brindan servicios alimentarios- fortalezas para promover políticas y acciones de salud pública más eficientes que tiendan a mejorar las condiciones de inocuidad alimentaria y reducir posibles enfermedades transmitidas por alimentos. A partir de la capacitación permanente, la vigilancia y auditoria de la calidad de los alimentos, contribuiremos a generar más educación alimentaria tanto para la población en general como para los actores que intervienen en todo el proceso productivo alimentario.
En relación a los diferentes actores que trabajan en la cadena agroalimentaria, es preciso que cuenten con el conocimiento de las medidas a implementar, eviten la contaminación de los alimentos, contribuyan a evitar pérdidas y en definitiva actúen favorablemente para la economía de las empresas y la salud de los consumidores, siendo un eslabón clave del circuito para garantizar la seguridad alimentaria.

En las últimas décadas del siglo XX y principios del actual, tomaron fuerza en América Latina experiencias económicas alternativas a la economía capitalista y de mercado y a la inserción laboral asalariada. La reestructuración productiva y la consolidación del modelo neoliberal, trajeron como consecuencia una mayor precarización laboral, desempleo, incremento de la pobreza y polarización social. Pero a la vez, surgieron nuevos sujetos socioeconómicos, y nuevos actores sociales. Son estos actores quienes, a partir de distintas conceptualizaciones y posicionamientos, proponen a la Economía Popular, Social, Solidaria y Comunitaria (o denominaciones equivalentes) como una estrategia socio-económica para promover la generación de ingresos con dignidad en los sectores desempleados o de mayor vulnerabilidad, o bien como una estrategia clave en la generación de un desarrollo económico alternativo al actual, incluso con características contrahegemónicas frente al dominio del capital y su lógica.
Estas iniciativas alternativas parten de una concepción integradora de la economía que rechaza el divorcio de la esfera económica de la vida familiar, social y comunitaria, e incluso ambiental. Incluyen entre sus objetivos tanto la sostenibilidad económica estricta como la participación democrática, la equidad social y el respeto por el ambiente, entre otros valores y principios. Por ello, las políticas públicas para promoverlas y contribuir a su fortalecimiento exceden tanto el campo tradicional de las políticas económicas, como el de las políticas sociales y el de las políticas de empleo. Por el contrario, las políticas de promoción de la economía social, solidaria, popular y comunitaria recuperan elementos de todas ellos. La promoción del desarrollo socio-económico local, en general, y de la economía social, solidaria, popular y comunitaria, en particular, requiere estrategias de abordaje complejas, articuladas e intersectoriales. Y como contracara, requiere áreas de intervención social, trabajadores y trabajadoras formados para acompañar los procesos de promoción de estas iniciativas desde una mirada amplia, plural e interdisciplinaria.

El desarrollo económico social de la República Argentina está determinado por un fuerte entramado de puertos fluviales y marítimos. Durante años la dinámica portuaria nacional ha sido el eje del crecimiento económico y ha determinado su vínculo con el exterior a través de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios relacionados.
En el frente fluvio – marítimo del Gran Rosario se concentra el movimiento portuario más importante del país de materias primas y productos de origen agropecuario junto con sus industrias derivadas.
Además, la zona presenta una ubicación estratégica para el comercio de la región y el mundo, contando la hidrovía: Paraná – Paraguay, donde la República Argentina adquiere una relevancia particular por el extenso territorio sobre la misma.
Dentro de este marco, quienes han estado inmersos laboralmente en esta dinámica han aprendido operaciones, procedimientos, transacciones comerciales que impulsan la necesidad de una sistematización y profundización curricular y académica de estos conocimientos. En este contexto, consideramos que los mismos pueden ser formalizados a través de la propuesta que ofrece la UNR mediante las diplomaturas de pregrado.
En vistas a lo señalado y para dar respuesta a esta necesidad, se propone la creación de la Diplomatura en Gestión de Puertos y Vías Navegables como oferta educativa sobre la temática portuaria, con la posibilidad de brindar, a los interesados en las actividades del sector, una capacitación formal y, además, se otorguen herramientas complementarias que les permitan optimizar sus tareas cotidianas.
La Diplomatura en Gestión de Puertos y Vías Navegables surge como iniciativa dentro del marco del “Programa de Infraestructura Regional para la Integración”, programa interdisciplinario implementado entre la Universidad Nacional de Rosario, a través del Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI) y el Instituto de Desarrollo Regional; y cuya misión es “el seguimiento, análisis y la capacitación de recursos humanos vinculados a la infraestructura económica, social y logística provincial, nacional y sudamericana”. Más precisamente, pretende responder a uno de sus objetivos: “brindar formación en materia de infraestructura para la integración regional a través de la realización de actividades de capacitación, así como de publicaciones, talleres y/o jornadas informativas.”
Esta formación a través de la diplomatura permitirá capacitar recursos humanos vinculados al sector portuario -y a otros posibles interesados en la misma-, a través del abordaje de contenidos teórico – prácticos orientados a optimizar su desempeño.

Diferentes aspectos dan marco referencial para el desarrollo de esta Diplomatura: un enfoque regional de la problemática y sus conflictos; un abordaje transdisciplinar; una traducción de los hechos y sus causas –en nuestra región- al alcance de la población general sobre la base de investigaciones regionales; la participación de las poblaciones en las transformaciones del escenario ambiental y sanitario.
El enfoque regional intenta desarrollar las problemáticas específicas aparecidas en los últimos largos años en la región. Quizás, el principal, se relaciona con la aplicación de agroquímicos en los cultivos y su impacto sobre la salud humana. Otro, más silenciado, relacionado con las calidades de aguas de consumo y del aire. Y, no menos importante, los cambios climáticos ambientales. Incluido sus posibles sinergismos.
El abordaje transdisciplinar, dado que no es posible abordar estos escenarios desde una única disciplina. Es necesario recurrir a la confluencia de varias de ellas: médico-biológicas; agrarias; climatológicas; sociológicas; demográficas; económicas. Todas ellas confluyendo sobre esta interface ambiente/salud, como objeto de análisis.
Una traducción –comunicacional- de los hechos y sus causas en nuestra región, al alcance de la población general sobre la base de investigaciones locales. Existen diferentes investigaciones en la región sobre diferentes aspectos de esta interrelación, que son el sustrato -insumos- que deben ser elaborados en términos comprensibles para la población general, manteniendo el nivel académico necesario, que permitan trabajar un cuerpo teórico aplicable al contexto y construir un escenario ambiental relacionándolo con las problemáticas de salud.
La participación de las poblaciones en las transformaciones del escenario. La participación comunitaria es el eje central para transformar las realidades. La condición fundamental para esta participación es el conocimiento acabado de el contexto problemático, sobre la base de rigurosas investigaciones locales –regionales- que, traducidas a un lenguaje accesible, permitan construir y deconstruir, los escenarios ambientales en su relación con los sanitarios. Esta tarea debe ser realizada por las comunidades explorando las posibles vías transformadoras, como instrumentos de cambios.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) por intermedio de instituciones propias especializadas como la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la Seguridad Alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.
De las condiciones necesarias para lograr el acceso en tanto derecho humano básico, la calidad e inocuidad de los alimentos presentan uno de los desafíos que más efectivamente puede lograrse si se dispone de una decidida articulación entre el sector público y el ámbito técnico. Al respecto, nuestra sociedad cuenta con los medios para abordar satisfactoriamente estos factores, aunque todavía queda una extensa labor educativa y de formación de recursos humanos pendiente.
En este sentido, se trata de una propuesta interdisciplinaria que aportará a la formación del personal de servicio o profesionalizado -que se desempeñe en ámbitos que brindan servicios alimentarios- fortalezas para promover políticas y acciones de salud pública más eficientes que tiendan a mejorar las condiciones de inocuidad alimentaria y reducir posibles enfermedades transmitidas por alimentos. A partir de la capacitación permanente, la vigilancia y auditoria de la calidad de los alimentos, contribuiremos a generar más educación alimentaria tanto para la población en general como para los actores que intervienen en todo el proceso productivo alimentario.
En relación a los diferentes actores que trabajan en la cadena agroalimentaria, es preciso que cuenten con el conocimiento de las medidas a implementar, eviten la contaminación de los alimentos, contribuyan a evitar pérdidas y en definitiva actúen favorablemente para la economía de las empresas y la salud de los consumidores, siendo un eslabón clave del circuito para garantizar la seguridad alimentaria.

La alimentación y, en consecuencia, la educación nutricional son pilares fundamentales de la salud individual y colectiva de la población. Así lo contempla la Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus objetivos y los recogen los diversos países en sus planes de salud, insistiendo en la importancia de los hábitos alimentarios como factor determinante de la misma.
Los procesos de urbanización, industrialización y mundialización, así como el incremento en la disponibilidad de alimentos procesados y ultraprocesados, entre otros factores, han contribuido a la adopción, en la población, de hábitos alimentarios no saludables con resultados perjudiciales para la salud y el bienestar, en donde coexiste una doble carga de la malnutrición, tanto por prevalencias importantes de desnutrición, carencia de micronutrientes, sobrepeso y obesidad.
La situación descrita convoca a todos los sectores y actores involucrados para asumir el reto de trascender de una educación alimentaria y nutricional centrada en la transmisión de conocimientos a una que propicie la adopción de comportamientos alimentarios saludables en la población y a la construcción de una cultura de hábitos y estilos de vida saludables desde la infancia.
Ello implica el abordaje multidisciplinar de los determinantes de la nutrición y la salud e integrar a la educación alimentaria y nutricional los conocimientos y avances relacionados con la legislación, la educación, comunicación, la investigación y el involucramiento en instancias participativas para educar sobre la importancia que tiene la adquisición de buenos hábitos alimentarios para el cuidado de la salud, y que las personas puedan comportarse no sólo como actores sino también como multiplicadores de información en su ámbito familiar, social y laboral.
Esta diplomatura, de acuerdo con lo antes escrito, busca ser un referente para la reflexión, promoción y mejoramiento de las acciones para la formulación e implementación de planes de educación alimentaria y nutricional